Archivos de Arpaio Noticias Frontera Fund

ACLU Dice al Juez: Acuse a Arpaio Criminalmente, Imponga Multa de $300,000

arpayaso1200
Stephen Lemons
Written by Stephen Lemons

Hoy, en un avance de la crítica audiencia del martes 31 de mayo, en el caso de desacato a la corte del Alguacil Joe Arpaio y tres de sus subordinados, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en Inglés) presentó un memorándum a la corte pidiéndole al juez del Distrito G. Murray Snow de transferir el caso a la Oficina del Procurador de los Estados Unidos, e investigar a Arpaio y su jefe adjunto Jerry Sheridan, por desacato criminal, perjurio, obstrucción de la justicia, y otras posibles violaciones de la ley federal.

ACLU, quien representa a la clase demandante (o sea la comunidad Latina del Condado de Maricopa) en el caso subyacente de derechos civiles Melendres v. Arpaio,  también sugirió que Arpaio se vea forzado a pagar 300,000 en multas de su bolsillo, y que toda la autoridad sobre las investigaciones internas relacionadas con los procesos de desacato a la corte en Melendres sean dadas al monitor de la corte.

El memorándum viene en respuesta a la orden del Juez Snow de mayo 13 la cual encontró a Arpaio y a tres de sus subordinados culpables de desacato criminal por no obedecer las órdenes del juez Snow en el caso Melendres. En  2013, Snow encontró a Arpaio y a la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa (MCSO) culpable de amplia discriminación basada en perfil racial en contra de los Latinos.

En recientes “descubrimientos de hecho,” el Juez Snow declaró que Arpaio y Sheridan “voluntariamente,” “intencionalmente,” y “deliberadamente” desafiaron a la corte en numerosas ocasiones. Como yo lo dije en una columna reciente,  la selección de palabras del Juez telegrafía la posibilidad de que, acompañados con la imposición de remedios civiles, el Juez Snow referirá el asunto a la oficina del Procurador de Arizona por procedimientos criminales en contra de Arpaio, Sheridan, y posiblemente dos otros: El anterior jefe ejecutivo Brian Sands y el Sargento Joe Sousa, alguna vez la cabeza de la ahora desbandada fuerza en contra de la inmigración, la Unidad de Tráfico Humano.

Arpaio puede enfrentar hasta seis meses o más en prisión por desacato criminal, dependiendo de los cargos que se le impongan. Él también puede tener un año en la prisión por obstrucción de la justicia. Pero los crimines de perjurio y de mentir al monitor de la corte traen más serias penalidades: 5 años de prisión si se le encuentra culpable de cualquiera de ellas.

No te equivoques: Arpaio mintió bajo juramento al Juez mientras era cuestionado durante el juicio de desacato del 2015. Cuando se le preguntó si alguna vez había investigado al juez Snow en relación con una loca conspiración anti-Arpaio que fue descubierta por el periódico Phoenix New Times, Arpaio dijo que no, una respuesta que fue probada habían sido realizado por el mismo Arpaio.

En el reporte de los hechos de Mayo 13, el Juez Snow escribió que las respuestas del Alguacil a las preguntas, “que Arpaio hizo mientras estaba bajo juramento, constituyen falsedades deliberadas, hechas de mala fe.” El Juez señaló que Arpaio repitió la mentira “tres semanas después de su testimonio inicial y en una declaración hecha bajo la penalidad de perjurio llenada en la Corte”.

Que tanto tiempo le tomará al Procurador de los Estados Unidos, un instrumento imperfecto de justicia, de castigar a Arpaio por desacato criminal por perjurio, es la pregunta que queda en el aire. Por lo cual he sugerido que Snow, adicionalmente a las penalidades civiles y la referencia al caso criminal, cite a Arpaio, y a Sheridan, para empezar, con desacato directo en su presencia, y darles una noche o tres en un bote federal para que se vean que va de verdad.

Después de todo Arpaio tiene casi 84 años y puede estirar la pata, como quien dice.

En un dato jugoso, los abogados del ACLU hicieron referencia en su memorándum a un incidente en el cual la abogada de Arpaio Michele Iafrate, y el capitán del MCSO Steve Bailey, “hicieron o causaron que una declaración falsa se hiciera al monitor de la corte”. Como resultado, los demandantes están pidiendo que Iafrate and Bailey sean acusados de desacato y que la abogada Iafrate sea referida a la Barra de Abogados para procedimientos disciplinarios.

Otras partes en el caso también han llenado recomendaciones a la corte. En un memorándum diferente presentado el viernes 27 de mayo, Arpaio y Sheridan estuvieron de acuerdo con los demandantes de formar un fondo de compensación para las víctimas de detenciones ilegales, a establecerse con fondos de los contribuyentes del condado y consejo de supervisores, por $500,000 dólares. Arpaio y Sheridan también han repetido la oferta, hecha a principios de 2015, de donar $100,000 dólares de su propio bolsillo a organizaciones de derechos civiles de los Latinos, escogido por la corte.

Los documentos presentados por los abogados de Arpaio y Sheridan también permiten que la oficina interna de investigaciones relacionadas con el caso Melendres sea asignada a una “autoridad independiente.” Y el memo expone la división entre el Condado de Maricopa y el par.

El condado está enganchado en la defensa civil de Arpaio pero no su defensa criminal, y los acusados criticaron la posibilidad de que el condado busque exculparse, indicando que los abogados del condado les habían informado recientemente que el condado de Maricopa “puede tomar la posición de que no puede ser considerado responsable de las consecuencias financieras de remedios para ” violaciones voluntarias y/o intencionales de la orden del tribunal”.

En su presentación ante la corte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no hizo mención de una remisión penal, pero sugirió que una “autoridad independiente” que no sea el monitor, de hacerse cargo de ciertas investigaciones de la oficina de Investigaciones Internas e imponer la disciplina. El Departamento de Justicia dijo que el juez estaba en su derecho de hacerlo, y de hecho podría imponer un remedio más amplio: “la imposición de toma de la agencia”, lo que permitiría al gobierno federal a hacerse cargo de la MCSO, de cabo a rabo. Pero el Departamento de Justicia se abstuvo de solicitarlo.

Todas las partes se supone que deben estar presentes en la audiencia del 31 de mayo para discutir estos y otros temas. Si las órdenes del Juez Snow para Arpaio se llevaran a cabo por desacato directo el martes, yo diría que el juego ha terminado, y el Alguacil no será capaz de recuperarse. Aparte de eso, ¿será una referencia para un posible juicio de desacato criminal, y lo que es peor, de perjurio, suficiente para que el público se deshaga de Arpaio de una vez por todas?

Eso está por verse.