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Comienzan Intentos de Expropiación de Ranchos para la Construcción del Muro (Que USA Pagará)

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El 27 de julio, la Cámara de Representantes aprobó el paquete de gastos de Trump, que incluye $1,600 millones de dólares para comenzar a construir el propuesto muro fronterizo.

Aunque Trump dijo que México pagaría por el muro, todos los fondos para el muro en este presupuesto vienen de los contribuyentes estadounidenses, como toda persona razonable sabía que sucedería.

El paquete de gastos pasó con 235-192 votos, siguiendo, en su mayoría, líneas partidistas. Sólo cinco republicanos votaron en contra: los representantes Justin Amash (Mich.), John Duncan Jr. (Tenn.), Walter Jones (NC), Thomas Massie (KY) y Mark Sanford (SC). Cinco demócratas votaron a favor: Representantes Sanford Bishop (GA), Charlie Crist (FL), Josh Gottheimer (NJ), Tom O’Halleran (Arizona) y Kyrsten Sinema (Arizona).

Sin embargo, según el New York Times, el presupuesto es muy poco probable que pase en el Senado, donde los demócratas desaprueban vehementemente el gasto de dinero en el muro.

El mes pasado, cinco senadores, encabezados por Patrick J. Leahy, de Vermont, enviaron una carta a los líderes republicanos del Senado expresando su preocupación por la “solicitud de un nuevo muro muy costoso e ineficaz a lo largo de la frontera sur con México y nuevos fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) para desatar una ‘fuerza de deportación’ y aumentar las camas en los centros de detención”.

A principios de este mes, el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes aprobó fondos para 44,000 camas en centros de detención, 500 agentes de la Patrulla Fronteriza y 1,000 oficiales de Inmigración y Aduanas (ICE).

Además, los senadores declararon en la carta que estaban “preocupados por una nueva solicitud de financiamiento en el Departamento de Justicia para contratar a un grupo de abogados expertos en expropiación de terrenos, que litigarán a los dueños de terrenos y ranchos de las fronteras en un proceso llamado ‘eminent domain’”.

Este tipo de expropiación permite al gobierno apoderarse de propiedad privada y convertirla en uso público, siempre y cuando ofrezca compensación a los dueños. Esto podría afectar a cientos de personas en los estados fronterizos, particularmente en Texas, y probablemente dañará a muchas personas que inicialmente votaron por Trump.

En junio pasado, el Departamento de Justicia comenzó a lanzar avisos legales en el  periódico Brownsville Herald informando a 200 propietarios en Texas de que el gobierno comenzaría las negociaciones para comprar sus tierras o comenzar litigios para confiscarlas. A muchos de estos dueños  se les ofreció compensación por su propiedad años atrás, pero se han negado a aceptarla, negado a ceder sus tierras y han litigado en contra del gobierno.

La administración de Trump ha pedido al Congreso la contratación de 20 abogados dedicados a presentar demandas contra propietarios que se nieguen a vender o que exijan más compensación por sus tierras. Y eso que se dicen defensores de la propiedad privada, y defensores de un gobierno sin gastos.

El juez de Texas, Andrew Hanen, que no es amigo de los inmigrantes e inició la demanda que bloqueó DAPA, es, sin embargo, amigo de los propietarios de ranchos fronterizos en Texas. Desde 2007, ha presidido en 320 casos de propietarios y rancheros demandando al gobierno federal por expropiación de terrenos, y la mayoría de estos casos tomaron más de tres años para resolver. Probablemente Hanen verá cientos de casos más. En su cruzada por construir el dichoso muro, ahora el gobierno federal se está involucrando en una larga y costosa batalla legal.

El Congreso tiene hasta el final de septiembre para aprobar cualquier proyecto de ley de gastos con el fin de evitar un cierre del gobierno. Lacey and Larkin Frontera Fund lo mantendrá informado sobre esta situación.