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¿Decisión 4-4 u Otra Diferente?

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Carmen Cornejo
Written by Carmen Cornejo

Analistas permanecen optimistas que la Corte Suprema decidirá en favor de levantar el bloqueo a las acciones ejecutivas del Presidente Obama ofreciendo acción diferida a los padres indocumentados de ciudadanos de los Estados Unidos y de residentes legales, y a una extensión del grupo de aquellos traídos durante la niñez.

El histórico caso United States v. Texas fue presentado en la Corte Suprema de la nación ayer mientras que miles de inmigrantes y sus aliados se reunieron frente al magnífico edificio de la Corte en Washington, D.C. para apoyar las acciones ejecutivas del Presidente Obama.

El caso es significativo ya que no sólo aborda cambios dramáticos en política migratoria, sino porque reta la autoridad de la rama ejecutiva del gobierno.

Se calcula que 4 millones de personas serán favorablemente impactadas por las acciones ejecutivas conocidas como DAPA (Deferred Action for Parental Accountability) y la extensión de DACA. Lee lo que necesitas saber de DAPA y DACA + y la Corte Suprema.

Los abogados de inmigración que observan el caso de cerca han dicho que esperaban duras preguntas de algunos de los jueces y que no es de sorprenderse de que algunos consideran que la decision de la Corte Suprema está divida en partes iguales.

La discusión ayer estuvo centrada en el asunto llamado “standing” o si el caso puede ser llevado a la corte, en primera insatancia. Para tener  “standing,”  un estado debe probar que sufriría un daño debido a la implementación de DAPA o DACA+.

Los abogados representando a Texas y a otros 25 estados dicen que sufrirían daños ya que Texas emite licencias de conducir subsidiadas para todos los que reciben la acción diferida y otras categorías de individuos con presencia legal en los Estados Unidos.

En particular, los argumentos expresados ayer hacen más fuerte la posición del gobierno federal de que Texas no tiene bases para presentar esta demanda.  En un punto de la conversación, los daños fueron descritos como especulativos e incidentales.

El abogado del gobierno, señaló que “Texas emite licencias de manejar a los inmigrantes que son favorecidos por acciones diferidas”.  En otras palabras que Texas no reta, sino que más allá, concede el poder del gobierno de ofrecer acciones diferidas a individuos.

Los expertos dicen que Texas ha fallado en explicar la conexión entre los reclamos de daños que DAPA y DACA+ causaría (los subsidios adicionales en las licencias de manejar) y la política migratoria que está retando. Mas allá, si este reto a las acciones ejecutivas tiene éxito, se abrirían la puerta a un enjambre de demandas al gobierno federal por cualquier política que los estados crean que crearían un costo.

Además, el daño que Texas supuestamente sufre es auto-infligido,” como lo indicó la juez del Quinto Circuito. La decisión de Texas de emitir licencias de conducir a individuos con presencia legal o acciones diferidas en los Estados Unidos es una decisión a nivel estatal y no impuesta por el gobierno Federal.

El otro asunto importante que los analistas pensaron que sería discutido durante la presentación oral era la cláusula  “de cuidar”, que ni siquiera se mencionó ayer.  Esta cláusula de “cuidar” es que la Constitución dice que el Presidente debe cuidar que las leyes del país sean ejecutadas con fidelidad”.  En términos simples, que el Presidente de los Estados Unidos debe seguir las leyes.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración – American Immigration Lawyers Association (AILA), posteó una discusión interesante con expertos dando sus análisis de los argumentos en US v. Texas.

Se espera que la Corte Suprema haga conocer su decisión a más tardar al final de junio de 2016.