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¿Estará Cerca el Fin de las Prisiones de Inmigración Privadas?

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Cuando el Departamento de Justicia anunció el 18 de agosto que dejaría de contratar prisiones privadas, bien  podría haber hecho el anuncio con globos y confeti.  Fanfarrias sonaron a través de Internet cuando personas celebraron el final de esas instalaciones peligrosas, infernales y que son manejadas de manera incompetente.

Pero a medida que los detalles emergieron, la gente se dio cuenta de que la noticia es sólo un fragmento de buenas noticias, especialmente cuando se trata de la población inmigrante en la cárcel.

Durante los próximos cinco años, el Departamento de Justicia tiene previsto eliminar gradualmente sus contratos con empresas privadas de prisiones, ya sea por la disminución de nuevos contratos o la reducción de su alcance.

Esa decisión sólo afecta 13 prisiones federales de administración privada, que impactará a aproximadamente a 22,600 prisioneros. Eso es un pequeño porcentaje de las más de 170,000 personas encarceladas en más de 100 prisiones subcontratadas bajo administración privada. Y es un número pequeño en comparación con los 1.3 millones de personas en prisiones estatales y los 700.000 en cárceles locales, que no se veran afectados por la decisión del Departamento de Justicia.

Fundamentalmente, la decisión del Departamento de Justicia no tiene impacto en los centros de detención de inmigrantes, los cuales son supervisados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Así, las empresas privadas de prisiones aún controlarán 46 centros de detención de inmigrantes, que contienen un promedio de 24,567 detenidos cada día.

De hecho, los centros de detención de inmigrantes son el sector de más rápido crecimiento de la industria de prisiones privadas del país. A partir de 2015, el 62 por ciento de las camas de detención de inmigración de Immigration and Customs Enforcement- ICE, son operados por corporaciones de prisiones con fines de lucro.

El 22 de agosto, el Senador y anterior candidato presidencial, Bernie Sanders y el Congresista de Arizona, Raúl M. Grijalva hicieron un llamado a DHS de seguir el ejemplo del Departamento de Justicia, para empezar el proceso de poner fin a la utilización de los centros de detención de inmigrantes con fines de lucro. ICE gasta más de $ 2 mil millones de dólares al año para detener a hombres,  mujeres y niños en estas nefastas instalaciones, donde a menudo se les niega la atención médica adecuada y el debido proceso judicial.

Puede firmar una petición pidiendo al DHS para cortar sus contratos con las empresas privadas de prisiones aquí y aquí.