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La Administración Trump Tratará de Bloquear la Immigración Legal a Través de Nueva Definición de Carga Pública

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Carmen Cornejo
Written by Carmen Cornejo

Nosotros en Lacey y Larkin Frontera Fund siempre nos esforzamos por brindarle la información más reciente sobre las noticias sobre inmigración, a veces pronosticando lo que se convertirá en los principales titulares con meses de anticipación. El 22 de febrero de 2018, escribimos en un blog sobre las primeras medidas dentro de la administración de Trump para frenar la inmigración LEGAL mediante el bloqueo de las solicitudes de beneficios migratorios legítimos (como de ciudadanía y residencia permanente) a través de la expansión de la definición del concepto de “carga pública”.

La administración de Trump está avanzando esta propuesta, y la noticia está en los titulares de los medios.

El gobierno federal anteriormente les ha dificultado a ciertas personas a inmigrar a los EE. UU. si es probable que estas se conviertan en una “carga pública”, que USCIS define como “una persona que probablemente dependa principalmente del gobierno para la subsistencia, como demostrado por la petición de asistencia pública en efectivo para mantenimiento o institucionalización para cuidados a largo plazo a expensas del gobierno “.

Pero ahora, la administración de Trump está ampliando la designación de carga pública a todas las personas que han recibido algún beneficio público, incluido el uso temporal de asistencia, como cupones de alimentos o subsidios para salud, energía y hogar.

Esta iniciativa cruel, que ha estado en proceso durante varios meses, puede obligar a los inmigrantes pobres a elegir entre acceder a subsidios para su bienestar y arriesgarse a que se les considere una “carga pública” o buscar una tarjeta verde o ciudadanía.

A los oficiales de la presente administración no les importa que estas personas paguen impuestos en nuestras comunidades e informen sobre sus ingresos al IRS, o que muchos califican para estos beneficios a través de diferentes programas en estados y municipalidades de todo el país.

Además, los funcionarios federales pueden negar visas a personas que son pobres y no pueden demostrar solvencia económica, ya que el gobierno puede asumir que buscarán asistencia en el futuro.

Todos los detalles de este nuevo enfoque para restringir la inmigración legal están contenidos en un documento de 447 páginas titulado “Inadmisibilidad de Cargas Públicas” que, según el USCIS, no se aplicará a familias que ganan menos del 15% de la designación oficial de pobreza. Pero el mismo documento les da a los funcionarios federales mucha libertad de acción para considerar a un individuo como una carga pública, incluso de forma preventiva.

Esta nueva política pública se publicó el sábado 22 de septiembre. Es muy importante tener en cuenta que esta política aún no está en vigencia y se someterá a una audiencia pública, donde el gobierno pedirá a las organizaciones que comenten acerca de este cambio propuesto.

Este es un desarrollo alarmante. Pero esta medida de la administración Trump está activando organizaciones de defensa legal como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) así como múltiples organizaciones de bienestar social a nivel local y seguramente enfrentará desafíos en los tribunales si se implementan.