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Se Le Niega a Arpaio Juicio Sumario en el Caso con el Departamento de Justicia de los E.U.

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Stephen Lemons
Written by Stephen Lemons

Publicado con permiso de Phoenix New Times.

Al alguacil Joe Arpaio se le ha negado su petición de un juicio sumario en el caso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) el cual cubría mucho del mismo material que el caso de perfil racial litigado por la Unión de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) llamado Melendres v. Arpaio.

En 2013, el Juez Federal de la corte de distrito G. Murray Snow encontró a Arpaio y a la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa- MCSO por sus siglas en inglés- culpable de amplias violaciones a la ley debido a prácticas de perfil racial en contra de Latinos y ordenó una larga lista de reformas con la intención de prevenir el continuo desastre de derechos civiles bajo la supervisión de Arpaio.

El lunes 15 de Junio de 2015, la decisión que tomara el Juez Snow en el 2013 ayudó a ganar al Departamento de Justicia en el caso U.S. v. Maricopa County en aquellas porciones de la demanda que se referían a las prácticas  policiacas discriminatorias ejercidas por MCSO.

Sin embargo, la Juez Federal Roslyn O. Silver señaló en su declaración que esos asuntos que se empalman podrían ser parte del juicio que ella recientemente ordenó empezará el 10 de agosto de 2015.

“Los Estados Unidos ha, de nuevo, demostrado que la información recopilada a través del caso Melendres satisface los elementos de la demanda,” escribio la Juez Silver en su decisión de 52 páginas, publicada el lunes por la tarde. “El juicio sumario… es concedido. De nuevo, esta decisión solo potencialmente le permite a los Estados Unidos alivio definido por la evidencia encontrada en Melendres. Cualquier alivio o remedio será contingente a que los Estados pruebe violaciones adicionales durante el juicio.”

La demanda del DOJ, la cual fue presentada inicialmente desde 2012, también aborda aspectos que no han sido parte de la demanda del ACLU, como la discriminación de hispano-parlantes en las cárceles del condado, y las prácticas del alguacil de tomar represalias en contra de sus críticos y sus oponentes, así fueran jueces, fiscales, políticos, o ciudadanos comunes.

Los abogados de Arpaio buscaron un juicio sumario en estos asuntos, pero la Juez  Silver encontró que había mas evidencia de ilegalidad en las acciones de MCSO para proceder con un juicio, eliminando esa posibilidad rápidamente.

En su decisión, la juez Silver critico la lógica incongruente de los abogados defensores, negando el juicio sumario en las instancias de abuso de poder y observando que la amenaza de que Arpaio siga atropellando a la constitución de los Estados Unidos es un peligro que permanece siempre presente.

La juez Silver escribe en parte:

Arpaio no objeta que él y MCSO llenaron demandas, enviaron quejas a la barra de abogados, realizaron arrestos como la demanda encabezada por los Estados Unidos estipula. Lo que Arpaio objeta es la suposición de que esas acciones fueron realizadas como actos de venganza y represalia por las críticas que él y sus oficiales recibieron. En otras palabras, de que fueron hechas con intención de venganza.  Pero los hechos que presentan los Estados Unidos en su demanda, son suficientes para realizar una inferencia razonable que las acciones de Arpaio fueron llevadas a cabo con un ánimo de represalia. La negación de Arpaio no derrota a la evidencia. Luego entonces, el juicio sumario no debe ser concedido bajo estas afirmaciones.

El segundo argumento de Arpaio—aun cuando él en un tiempo haya tomado represalias en contra de sus críticos de la manera descrita, de que no hay pruebas suficientes de que la amenaza de continuas tomas de represalias continúa- no es persuasiva. Si las alegaciones de Estados Unidos de pasadas represalias son verdad, existe un asunto genuino de hechos materiales del efecto continuo de esas acciones. Arpaio sigue siendo el alguacil del Condado de Maricopa y mantiene el poder que supuestamente ha sido mal usado para realizar acciones de represalia. Él no ha ofrecido ninguna prueba mostrando temor o que sus acciones hayan permanentemente parado desde que el declaró que han cesado. Por ello, el juicio sumario es negado.

El abogado principal de ACLU, Dan Pochoda, alabó la decisión de la juez Silver como “una opinión muy fuerte del DOJ,” notando que el DOJ presentó esta demanda antes que que hubiera una decisión en Melendres, y sólo después de una extensa investigación por el DOJ que resultó en una carta en diciembre de 2011 a al procurador del Condado de Maricopa Bill Montgomery, informándole de las investigaciones del DOJ concernientes a las violaciones a los derechos civiles perpetradas por MCSO.

“99 veces de 100, cuando las municipalidades tienen ese tipo de cartas del DOJ, ellos resuelven el problema fuera de la corte antes de que la demanda sea presentada,” dice el abogado Pochoda “El DOJ no tiene otra opción…ellos no pueden retroceder sólo porque Arpaio dice, `no me importa.’”

Recordarás que en el 2010, el DOJ tuvo que demandar a MCSO sólo para asegurar la cooperación de la agencia con la investigación inicial del DOJ.

En ese tiempo, el DOJ declaró en un comunicado de prensa que,

“La negativa MCSO de cooperar con la investigación es un hecho completamente atípico y el departamento no conoce de otro departamento de policía, o departamento de alguacil que se haya negado a cooperar en los pasados 30 años.”

Normalmente, los departamentos de policía entran con acuerdos con el DOJ para evitar defenderse de costosas demandas de derechos civiles. Pero no Arpaio, quien no tiene problema en quemar dinero que no le pertenece.

Los últimos números que tengo sobre el condado muestran que el caso con el DOJ ha costado $4.9 millones en costos legales hasta la fecha. Como los $51 millones proyectados de ser gastados en el caso Melendres hasta el fin del año fiscal del 2016, este dinero viene directamente del fondo general del condado.

Y eso es un estimado a la baja. Sumando todas la payasadas de Arpaio que le han costado a los contribuyentes desde que él tomo cargo de esa oficina en 1993, los resultados suman alrededor del cuarto de billón de dólares.

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La semana pasada, cuando la juez Silver ordenó un juicio en el caso  U.S. v. Maricopa County empezando el 10 de agosto, ella estimo que duraría 15 días.

Subsecuentemente, el DOJ presentó una nota con la corte declarando que el gobierno “anticipa que no más de 15 días serán necesarios para presentar este caso”.

Pero el abogado Pochoda cree que el caso será negociado antes del ir al juicio.

“Desde de la perspectiva del acusado, que nosotros estemos considerando algún tipo de negociación, puede incrementar la urgencia considerablemente,” él observó. “Ellos tienen poco que ganar y mucho que perder.”

Además, la juez Silver no se cree el argumento del Condado de Maricopa de que no tiene poder sobre una cabeza de agencia de alguacil como Arpaio. Silver hace notar que el Consejo de Supervisores del Condado pudo haber tomado una serie de acciones en para poner a Arpaio bajo control.

En una parte de los documentos, ella escribe:

“El argumento del Condado de Maricopa se centra de la supuesta inhabilidad de iniciar cualquier acción autorizada que afectara la conformidad de Arpaio con la ley o las ordenes de la corte, dando al alguacil responsabilidades estatutarias e independencia electoral y al Consejo obligaciones estatutarias de proveer fondos para sus actividades. Pero el Condado de Maricopa admite que ha tenido la habilidad y el deber de “facilitar el cumplimiento del alguacil y otros oficiales constitucionales con las órdenes judiciales.”

Y los Estados Unidos (DOJ) identifican numerosas formas en las que el Condado pudo, dentro de su autoridad, ejercer supervisión e influencia sobre Arpaio. Por ejemplo Maricopa pudo poner a Arpaio en línea solicitando del MCSO presupuestos detallados y usar su poder reteniendo la aprobación de gastos de capital, incrementos de salarios y similares para animar la conformidad y el apego a las órdenes de las cortes.

Por supuesto, en el pasado, algunos supervisores han tratado de ejercer control sobre la oficina de Joe Arpaio. Y Joe Arpaio tomó represalias en contra de ellos

Por lo lo que yo espero que el DOJ no se mueva muy rápido a negociar la demanda.

El DOJ debe forzar al condado a tomar medidas para asegurar el fin de los abusos de Arpaio.