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Sessions Restringe la Habilidad de los Jueces de Inmigración de Cerrar Casos y su Independencia

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Carmen Cornejo
Written by Carmen Cornejo

En su último movimiento para limitar la independencia los tribunales de inmigración, el Fiscal General de los Estados Unidos, Jeff Sessions, ha restringido la capacidad de los jueces para cerrar casos de deportación cuando los no ciudadanos son elegibles para la naturalización u otros beneficios de inmigración.

La capacidad de los jueces de usar discreción razonable para cerrar los casos es esencial para reducir el atraso actual de 740,000 casos y para permitir el debido proceso.

Por ejemplo, un caso mencionado en la decisión de Sessions involucra a un juez que dio por terminado el caso de una mujer brasileña que estaba en el proceso de obtener una visa. Solo necesitaba completar una entrevista con el consulado brasileño. Como obviamente la mujer estaba motivada para continuar con el proceso legítimo de obtener una visa, el juez determinó que “no parece haber ninguna razón aparente para que este caso permanezca en el expediente de la corte cuando simplemente está esperando un entrevista en el extranjero”.  Esto ocupa tiempo valioso en las cortes que pagan los contribuyentes.

Pero este tipo de discreción razonable de los jueces aparentemente no tiene lugar en la administración de Sessions y the Trump. Sessions no estuvo de acuerdo con la decisión del juez, sugiriendo que el juez debería haber ordenado a la mujer que abandone el país, aunque eso podría haber puesto en riesgo que su solicitud fuera rechazada.

Como parte de la nueva politica, los jueces de inmigración solo pueden terminar los casos si el inmigrante logra o demuestra un derecho legal a permanecer en los Estados Unidos durante el transcurso de los procedimientos, o si el Departamento de Seguridad Nacional ya no quiere continuar con el caso.

El Procurador General muestra un desprecio fundamental por los tribunales de inmigración y los jueces, y su papel vital en la administración de justicia”. – Director ejecutivo de AILA Benjamin Johnson

Jeremy McKinney, tesorero de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), anunció: “Esta decisión demuestra que el Fiscal General quiere que todos los casos avancen lo más rápido posible hacia la deportación, independientemente de las circunstancias específicas. Nuestra nación necesita que los jueces de inmigración sean justos y neutrales al tomar decisiones de vida o muerte”.

La decisión del fiscal Sessions es parte de un esfuerzo sistemático para controlar los tribunales de inmigración, limitar su independencia y  la capacidad de estos en la toma de decisiones. No creas las afirmaciones de que la administración de Trump de que la intención es lograr a un gobierno más pequeño y menos intrusivo.

Desde mayo, el Fiscal General de los Estados Unidos, Jeff Sessions, determinó que los jueces no tienen derecho a realizar “cierres administrativos”, un término engañoso que simplemente significa que el juez retira el caso del expediente activo de las cortes de inmigración si la persona está esperando que el gobierno otorgue la residencia permanente o una solicitud de visa, por ejemplo. Sessions también limitó la capacidad de los jueces para deferir audiencias en las cortes, que es una forma de “pasar una próxima audiencia de una fecha programada a otra o de pausar una audiencia en curso y pasarla a una fecha futura”. Y lo más notorio, la restringir la capacidad de los jueces para proteger a los solicitantes de asilo que huyen de pandillas o violencia doméstica.

“Al poner su pulgar firmemente en la balanza de la justicia, el Procurador General muestra un desprecio fundamental por los tribunales de inmigración y los jueces, y su papel vital en la administración de justicia”, dijo el director ejecutivo de AILA, Benjamin Johnson, en una declaración. “Una y otra vez, las acciones del Procurador General nos han demostrado que un sistema de tribunales de inmigración albergado en el Departamento de Justicia no puede garantizar el debido proceso”.

Es por eso que AILA solicita al Congreso “crear un tribunal de inmigración independiente según el Artículo I.” Y la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración está solicitando el apoyo del Congreso para que “el Tribunal de Inmigración sea retirado del Departamento de Justicia (una agencia que se dedica a la persecución de crímenes) para convertirlo en un tribunal independiente”.

Lacey y Larkin Frontera Fund lo mantendrán informado sobre este tema.